viernes, 22 de febrero de 2019

UNA MIRADA A LA FABRICACIÓN DE FALSOS POSITIVOS POR PARTE DE LA GUERRILLA Y ONG DE IZQUIERDA





Cuando llega todo el despliegue de prensa y el escándalo de falsos positivos, la guerrilla ya no se llevaba sus muertos, ahora les cambiaban la ropa y las botas para hacerlos pasar como falsos positivos, luego sus familiares asesorados por ONG de izquierda, con buenos contactos en la fiscalía de derechos humanos, incrementaban las estadísticas..


De los falsos positivos se ha hablado mucho, y lo cierto es que existieron, no se busca negar la verdad, pero no en la forma y magnitud que la izquierda Colombiana no lo presenta.

Un falso positivo, básicamente es un asesinato extrajudicial, y puede tener varias matices, hay falsos positivos, desde mismos milicianos a los cuáles nunca judicialmente se les logró probar nada, y en tal razón las fuerza pública lo asesinó y le implantó las armas para "legalizarlo",  hasta el asesinato de personas civiles inocentes, bajo ambas circunstancias es un crimen de lesa humanidad y los responsables deben ser castigados con todo el rigor y peso de la Ley.

Las cifras de los falsos positivos son inciertas, unos habla de 3.000 y la izquierda dura y pura habla de 10.000, lo cierto es que existe una exageración por los sectores más radicales sobre las cifras y formas, ya que la izquierda radical intenta culpar a la política de seguridad democrática del Presidente Uribe de ser la responsable de la sistematicidad de las conductas, la idea de la izquierda radical es tratar de presentar que fue la seguridad democrática la creadora de estas prácticas y de su sistematica ejecución, de esa manera pueden llevar el caso a la CPI, y así poder juzgar al presidente Uribe, parte de su plan es inflar las cifras, para lograr desmeritar esta política.

Para Probar tal cosa, han dicho que los falsos positivos era ordenado por Uribe, y la prueba era la directiva ministerial 029 de 2005, basado en criterios subjetivos, aducen que en dicha directiva habían recompensas para abatidos en combates, lo cual es parcialmente cierto, pero lo cierto es que las recompensas era para terceros y no para miembros de las fuerza militares, si se daban recompenzas en permisos, pero no solo era para bajas en combates, sino capturas, incautación de material de guerra y drogas, así que es falso que dicha directiva fuera el marco jurídico que permitía los falsos positivos.

Por otra parte, la izquierda radical pretende decir que Uribe fue el creador de los falsos positivos, cuando existen reportes de falsos positivos desde los años 80s, como se puede ver en el artículo del espectador "falsos positivos vienen desde 1984" o este otro de revista semana titulado "falsos positivos: 23 años de horror", entre otro números de artículos que citan al CINEP en cuanto el primer registro de falsos positivos data del año de 1984.

Para analizar la cifras presentadas por la prensa y ONG de izquierda, se deben tener en cuenta muchos aspectos, el primero es que antes del año 2002, cerca de medio país estaba gobernado por la insurgencia, en tal razón, cerca de 400 alcaldes despachaban desde las capitales de departamento o desde la capital del país, tal como lo reseña la revista semana en su artículo "alcaldes amenazados regresan a sus pueblos", es decir, si ni los alcaldes podían despachar desde sus municipios, tampoco habían jueces ni fiscales, razón por la cuál antes de 2002, no había dónde presentar las denuncias, no había presencia de la Unidad de víctimas, la gente temía denunciar, con la seguridad democrática llegó la institucionalidad y el Estado de Derecho, esa es una de las razones por la que se dispararon las denuncias de falsos positivos, un fenómeno que venía escondido desde incluso antes de los años 80s, pero que ningún gobierno había brindado las garantías para denunciar y enfrentarlo.

Por otra parte nadie habla de los montajes de falsos positivos que comenzaron a fabricar las guerrillas marxistas apoyados por ONG y algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos.

Existe muy poco registro de prensa, que den cuenta de Militares que han sido absueltos dentro de procesos de falsos positivos, al analizar notas como "absueltos diez militares por un caso de falso positivos" o "absueltos ocho miliares por falso positivos en piedecuesta" se puede concluir que ha existido montajes por parte de la misma guerrilla de lo que se conoce como falsos positivos. No obstante son muchas las historias de personal militar que ha sido absuelto en procesos donde la guerrilla ayudada por ONG y algún personal de la fiscalía, creaban artificialmente "falsos positivos" por personal subversivo dado de baja, conozco un caso de un militar que iba a ser condenado a cerca de 30 años por un supuesto falso positivo, pues uno de los guerrilleros que dio de baja en combate, resultó con otra ropa y unas botas nuevas, por lo que los impactos de bala no coincidían con los orificios de la ropa que le fue implantada, para fortuna del suboficial, un soldado le había tomado una foto al guerrillero dado de baja, con eso se logró determinar que la escena había sido alterada y que lo que había era un montaje de falso positivo.

Es bien conocido, que durante los combates, en los años 90s y 2000, las guerrillas para evitar que sus muertos fueran contados por el gobierno, o que se les diera despliegue periodístico, que fueran contados como trofeos y dar la sensación que iban ganando la "guerra", arrastraban sus muertos y se los llevaban, esa era una practica que tenían durante esos años, en un documental presentado por las 2 orillas, "¿Qué hacían las farc sus muertos? El sepulturero del caquetá cuenta" podemos observar que tenía hasta su propios cementerios, pero en muchas ocasiones los enterraban en fosas comunes. Cuando llega todo el despliegue de prensa y el escándalo de falsos positivos, la guerrilla ya no se llevaba sus muertos, ahora les cambiaban la ropa y las botas para hacerlos pasar como falsos positivos, luego sus familiares asesorados por ONG de izquierda, con buenos contactos en la fiscalía de derechos humanos, incrementaban las estadísticas.

Duele ver como dejamos a muchos de nuestros militares a merced de estos montajes, mientras sólo cumplían con su deber, duele ver la indolencia de muchos políticos que dicen amar a las fuerzas militares, y ni siquiera han intentado buscar las estadisticas de los intentos de falsos positivos para presentarselos al país, para que la gente comprenda la dimensión del engaño y daño que le han hecho a la institucionalidad,  hampones izquierdistas disfrazados en ONG y en la misma fiscalía.

Es que incluso haciendo un análisis básico, podemos cuestionar, que llegaran casos de falsos positivos con las botas nuevas, incluso era tal la burla de la guerrilla y sus ONG que les ponían al revés las botas a los insurgentes, para que fuera más evidente, sabían que los militares no tenían asesoría legal, que estaban solos por un Estado indolente que los abandonaba a sus suertes, antes eran destituidos y dejados sin empleo, una vez se conocía el caso, incluso sin haber sido condenados aún dejándolos sin recursos para que se defendieran. ¿Cómo es que no nos cuestionemos, que exista un supuesto modus operandi y que se condenen militares una y otra vez, porque los disparos no coincidían con la ropa que llevaba puesta, o porque tenía las botas nuevas y al revés? ¿Será que una persona es tan ignorante, que sabiendo que muchos han sido condenados por esos "errores" siguieran cometiendo falsos positivos, haciendo lo mismo que llevó a otros a la cárcel? No soy experto en balística, pero cualquiera sabe que si le disparo cerca a una persona, pues la fiscalía puede determinarlo mediante pruebas periciales, pues la pólvora dejada en el cuerpo de la víctima cuenta a qué distancia fue el disparo, con esto no estoy diciendo que la misma guerrilla matara a sus integrantes a distancias cortas, pero si que después de muertos les dispararan para alterar la escena.

Con este artículo, solo busco hacer un llamado a la sociedad y a muchos que dicen amar a las fuerzas militares, a estudiar, buscar y revelar las cifras de los militares que han sido absueltos, a buscar dentro de los procesos, a indagar con los militares absueltos para lograr determinar el modus operandi, las ONG´s y fiscales involucrados, en estos montajes, y darlos a conocer al país.

martes, 13 de febrero de 2018

LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN DE CLAUDIA LÓPEZ ES UN ACTO DE CORRUPCIÓN ELECTORAL

"La senadora Claudia López, escucha música de relajación y lee un libro mientras se adelanta el debate por la sequía de la Guajira"




Claudia López se ha hecho de las banderas de la corrupción para alcanzar sus fines electorales y mantenerse vigente, luego de numeroso escándalos y retractaciones que la justicia le ordenó.

La senadora Claudia López ha promovido un referendo para de ésta manera combatir la corrupción, para lo cual se lanzó a recoger 3 millones de firmas, con esto solo busca comprometer al firmante para apoyar su candidatura presidencial haciendo que se indigne cuando el referendo se hunda porque legalmente todas sus propuestas son inviables.


Ésto básicamente es un acto de corrupción electoral por parte de la Congresista, pues engaña al elector y al firmante cuando de sobra sabe que las propuestas ya están previstas en la Ley y otras son inviables jurídicamente, no es justo para el bolsillo de los Colombianos que debamos financiar una consulta que cuesta cerca de 40 mil millones, solo para hacer una campaña mentirosa y engañar finalmente al elector.

Repasemos sus 7 propuestas:



(i) Reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes fijando un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima remuneración mensual de los Congresistas y altos funcionarios


Ésto va en contra de un principio que la Corte Constitucional ha denominado "desmojoramiento de las condiciones laborales" es decir no puede haber regresividad en las condiciones laborales, la Corte lo ha desarrollado en amplia Jurisprudencia. Pero más allá de eso, la propuesta en nada combate la corrupción por el contrario muchos congresistas al tener menos ingresos, son más propensos a recibir la denominada "mermelada"


(ii) Implementar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas sin reclusión especial, y que el Estado pueda terminarlos contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin indemnización ni posibilidad de volver a contratar con el Estado.


En el código penal está establecido el título XV completo donde tipifica los delitos contra la administración pública, es decir son perseguidos penalmente, pero también el artículo 277 y 278 de la Constitución Política establece que pueden ser sancionados por la Procuraduría General de la Nación, dicho sea de paso Petro y sus amigos quieren quitarle la función de destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular a la Procuraduría. de igual manera existe la Contraloría General de la República que persigue fiscalmente la corrupción. 


(iii) Crear la obligación de usar pliegos tipo para todas las entidades públicas y territoriales, para reducir la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables, y la contratación a dedo


Todo el desarrollo normativo de las leyes de Contratación: ley 80 de 1993, el estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 y sus decretos compilatorios entre ellos el decreto 1082 de 2015, crean el SECOP donde parametrizan y obligan a todas las entidades públicas y territoriales a cumplir con unos requisitos estándares y dejan muy poco a la subjetividad de las entidades contratantes, además impone como generalidad que todos los contratos se tramiten por licitación pública e impone la contratación directa (contrato a dedo) como excepción.


(iv) Realizar audiencias públicas obligatorias para que la ciudadanía y los corporados decidan sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, y sobre la rendición de cuentas de la contratación y ejecución.


Ésto no es ninguna novedad, la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía.
(v) Crear la obligación de rendir cuentas anualmente para los congresistas y demás corporados, con información sobre asistencia, iniciativas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, partidas e inversiones públicas gestionadas y cargos públicos para los que hayan presentado candidatos.

Ésto no tiene efectos prácticos, pues la Ley de transparencia ley 1712 de 2014 impone la obligación a todas las corporaciones públicas de publicar en página todos los asuntos que tramiten en sus respectivas corporaciones, es decir que el ciudadano pueda disponer de toda la información sobre la corporación.


(vi) Crear la obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para todos los electos mediante voto popular, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, e iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros

El artículo 122 de la Constitución establece la obligación de todos los servidores públicos del Estado a "Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público."


De igual manera estable una serie de mecanismos de participación ciudadana que permiten que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que se tomen sobre el presupuesto público en todos los niveles terrotoriales, también está la ley de veedurías ciudadanas que tienen buenos elementos de control sobre las funciones públicas y la contratación.

(vii) Limitar a máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones como concejo, asambleas y congreso.

En el 2016, el Representante a la Cámara del Centro Democrático Samuel Hoyos Mejía presentó un proyecto de Ley que buscaba acabar con la reelección indefinida de los Congresistas, diputados y concejales, el proyecto se encuentra en trámite ya pasó el primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes.

Ésta que sería la única pregunta viable jurídicamente, ya se está tramitando en el congreso y no necesitó de 40 mil millones de pesos para hacerlo, además que el referendo "anticorrupción debe pasar y ser aprobado por el Congreso, por lo que si no pasa el proyecto de Ley tampoco va a pasar el referendo.


martes, 6 de febrero de 2018

LA IZQUIERDA COLOMBIANA GANA ENCUESTAS PERO NO GANA ELECCIONES



"Cuando las encuestadoras llaman a las casas, o llegan a encuestar, generalmente en las casas van a estar las amas de casa, los vagos, desocupados y millennials, que claramente tienen una tendencia a un candidato de izquierda, es la razón por la que la izquierda en Colombia gana encuestas pero no gana elecciones"


Con los resultados que por éstos días están revelando las principales encuestadoras del país donde ponen punteando a Petro y a Fajardo para las elecciones presidenciales de 2018; viene a nuestra mente el plebiscito del 02 de Octubre de 2016, cuando las encuestadoras anunciaban a los Colombianos que el SI, arrasaría en las votaciones, según sus mediciones el Si ganaría por un 72%, y finalmente se impuso el No aunque por un pequeño margen, pero muy distante de los que pronosticaban las encuestas

¿Cuál es el motivo para que las encuestadoras en Colombia se estén equivocando tanto?

Cualquiera puede pensar que las encuestadoras lo hacen de mala fe, no obstante y aunque puede ser cierto, considero que existen otros factores que pueden influir en que las encuestas no sean tan acertadas, y tiene que ver con el muestra que están tomando y ya lo voy a explicar:

En Colombia existe unos grupos minoritarios que son muy activos políticamente como son la comunidad LGBTI, indígenas, sindicatos entre otros y que están muy alineados a la izquierda, pero existe otros que tienen ideas de izquierda por el contexto en el que viven, dentro del grupo de éstos últimos encontramos a desocupados, vagos, millennials que son mantenidos por sus padres. Vamos a centrarnos en éstos.

El grupo de los vagos y desocupados; hablo de un grupo que han optado por vivir de ésta manera y que no es por falta de oportunidades, sino que es una opción de vida, han renunciado a la posibilidad de emplearse o si lo hacen lo  hacen de manera circunstancial, porque quieren vivir la vida sin complicaciones. Esto hace que éstas personas quieran un mesías que les garantice vivir la vida sin más contratiempos, es decir sin trabajar pero que tengan subsidios a expensas de trabajadores y empresarios.

El otro grupo son los Millennials  que son mantenidos por sus padres, éste grupo poblacional en su mayoría nunca ha tenido responsabilidades, sus padres todo le han dado, no se han tenido que preocupar por pagar impuestos, arriendos, por tomar decisiones y riesgos frente a una empresa, un negocio. Los millenials creen que el mundo les debe, que todos deben trabajar y hacer por ellos, sienten pavor saber que un día tendrán que asumir sus propias responsabilidades, por eso pretenden pasar de ser mantenidos por sus padres a buscar otro tipo de paternalismo, es decir, el Estado. Esa es la razón por la que apoyan a candidatos que hablan de redistribuir la riqueza como si la riqueza fuera una torta que ya estuviera hecha.

Cuando las encuestadoras llaman a las casas, o llegan a encuestar, generalmente en las casas van a estar las amas de casa, los vagos, desocupados y millennials, que claramente tienen una tendencia a un candidato de izquierda, es la razón por la que la izquierda en Colombia gana encuestas pero no gana elecciones, pues los desocupados, vagos y millennials  difícilmente se levantan un domingo a votar como si lo hace alguien que está acostumbrado a madrugar para ir a su trabajo o como lo harían los grupos de personas que acostumbran a ir a misa o a culto un domingo, la gente trabajadora, empresarios y religiosos generalmente no les gusta contestar encuestas, porque lo ven como una pérdida de tiempo, llegan cansados de sus trabajos, viven ocupados en sus negocios y ven improductivo contestar una encuesta.

lunes, 19 de diciembre de 2016

CONSEJO DE ESTADO: EL TSJ CHAVISTA A LA COLOMBIANA








Lo que aquí hizo el Consejo de Estado al imponer medidas cautelares al resultado del plebiscito del 2 de octubre es de suma gravedad, ya que este precedente le permite meter sus politiqueras manos en cualquier elección a la posteridad y alterar las reglas de la democracia y los resultados de las elecciones



Desde hace un tiempo, los Colombianos vemos estupefactos la simetría entre el Consejo de Estado de Colombia con el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela quien hoy es una corte de bolsillo del gobierno chavista, y es que han sido muchos los episodios que llevan a pensar que el Consejo de Estado de Colombia ya transgredió su imparcialidad para arrodillarse a los intereses del gobierno del flagrante nobel de paz que ha corrompido todos los poderes del Estado.

Comencemos por referirnos al sonado caso de Piedad Córdoba Ruiz quién en los PC del terrorista Reyes aparecía como alias Teodora, en donde en pocos meses emiten un fallo desconcertante para los conocedores del derecho, pues en base a que la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad de los PC de Reyes, lo cual es un desacierto toda vez que la Corte Suprema de Justicia sostiene que se violó la cadena de custodia, pero desconoce que no se estaba haciendo un allanamiento sino que era un operativo de carácter militar, de igual manera la interpol certificó que los contenidos no habían sido adulterados, por lo que a grito abierto se puede decir que Piedad Córdoba si era alias teodora, solo que dicha prueba no podría usarse por la forma del procedimiento al ser obtenida.

El Consejo de Estado anuló la Sanción de la exsenadora pero nunca se refirió a las otras pruebas que la Procuraduría allegó al proceso, por ejemplo que las salidas del país coincidían con las reuniones clandestinas mencionadas en los PC, las interceptaciones que telefónicas que inteligencia militar le hiciere a guerrilleros del Bloque Libardo García de las farc y además del testimonio de un Ucraniano infiltrado en el frente 30 de las farc,  de nombre Viktor Tomnyuuk, quién dijo:

[...] la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos [...] dio información a este grupo al margen de la ley sobre temas diferentes a la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos [...] instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países [...] ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo. [...] pero fue absuelta por el cargo de «traición a la patria».

La gravedad del asunto es que el Consejo de Estado declarara la nulidad de todo el proceso hecho por la Procuraduría sin siquiera referirse a las demás pruebas que dentro del proceso obraba en contra de la senadora, quien según el PC de reyes era conocida como alias Teodora.
Todo esto; haría parte de los compromisos de la habana, en la que las farc han pedido quitarle la inhabilidad a Piedad Córdoba.

Posteriormente, en otro fallo sin precedentes el Consejo de Estado destituye al Procurador de la Nación Alejandro Ordoñez quien para la fecha era la principal piedra en el zapato para Santos en su proceso de “paz”. La tesis principal se basó en que la Constitución no preveía una reelección del Jefe del Ministerio Publico, esta tesis del Consejo de Estado es a toda luces un adefesio Jurídico que no solo destruye el principio de vinculación negativa “Todo lo que no esté prohibido está permitido” al cual la misma Corte Constitucional en su sentencia T-468 de 1992 se ha referido:
“...Esta  lógica reguladora acusa falta de técnica legislativa por cuanto, de algún modo  es contraria al principio liberal según el cual todo lo que no está prohibido, está permitido. Principio no solo garantizador de la libertad al hacer primar la facultad general sobre la facultad legislativa expresa, sino porque además, obliga a una interpretación restrictiva en el accionar de los particulares en el ejercicio de la libertad que genera en estos dos órdenes de complicaciones…”

 Sin embargo para tratar camuflar la fetidez de su sentencia; también adujeron que había conflicto de interés por unos familiares de magistrados que lo eligieron aun cuando en sala plena se discutieron los impedimentos, es donde la Consejo de Estado actúa como el Tribunal Supremo de Justicia chavista invadiendo la autonomía de los demás poderes del Estado.

No conforme con desviación del derecho y sus fallos netamente políticos muy convenientes al gobierno de turno; se atrevió a dictar unas medidas cautelares en contra de los resultados del plebiscito del 02 de Octubre de 2016, en donde el gobierno pese a toda su maquinaria política, 2.3 billones en publicidad y contratos paz, presiones a gobernadores y alcaldes, entrega de viviendas a nombre de la “paz”, inauguración de obras en plena campaña salió derrotado en las urnas, contra todo pronóstico.
Lo ilógico del tema en las que se fundamenta las acusaciones del gobierno de unas declaraciones de un líder del Centro Democrático Juan Carlos Velez: 

"En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos.  En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda  por radio la noche del sábado centrada en víctimas"

Si estudiamos en detalles cada una de las palabras del señor Velez realmente no admite haber engañado a nadie, darle el mensaje que cada grupo poblacional le interesa no es engañar, es como si el IDEAM le dijera a los Costeños que va a llover en Medellín, qué les importa a los costeños que llueva en Medellín?. Lo lógico es que el IDEAM le diga a los costeños que días va a llover en la Costa y a los Paisas que días va a llover en Medellín. Eso saber usar el marketing y la publicidad, pero engaño no se le puede llamar.

Lo que realmente debemos observar si efectivamente hubo engaño en cada una de las afirmaciones que hizo Juan Carlos Velez:
-hubo impunidad?: Claro que si, muchos guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y los confiesen no pagarán un día de cárcel, pues el acuerdo prevé solo una restricción “efectiva de la libertad”.
-Hubo elegibilidad?: Basta con leer los acuerdos, es más y peor aún es que habrán curules 10 directas cuando Santos había prometido que no las habrían.
-Hubo reforma tributaria?: Pues los colombianos sabemos cómo va el tema de la reforma, en donde no solo aumentará el IVA al 19% sino que también se gravarán con retención en la fuente a más asalariados y se gravarán productos de la canasta básica familiar.
Que nos estamos convirtiendo en otra Venezuela?: Señores Consejo de Estado con esta puñalada a la democracia ustedes mismos lo están confirmando, no es posible que hasta la misma Corte Constitucional haya cambiado su línea Jurisprudencial de la sentencia C-379 de 2016 para posteriormente salir con una leguleyada en donde permiten que el poder representativo (que ya está corrompido y vendido por la mermelada) sustituya al poder Constituyente primario es decir el pueblo, aun cuando ya en su sentencia había dicho que en el plebiscito se estaba manifestando el constituyente primario y por ende era obligatorio el mandato para el presidente,  o que los “nuevos” acuerdos deberían ser el producto de una nueva y diferente negociación y lo que ocurrió fue que en un mes le hicieron unos retoques cosméticos a los acuerdos donde todos los temas rechazados por los Colombianos quedaron igual.

Lo que aquí hizo el Consejo de Estado al imponer medidas cautelares al resultado del plebiscito del 2 de octubre es de suma gravedad, ya que este precedente le permite meter sus politiqueras manos en cualquier elección a la posteridad y alterar las reglas de la democracia y los resultados de las elecciones. Y aquí no termina su cinismo; se supone que una medida cautelar se impone con el objetivo de guardar derechos fundamentales o prevenir un daño irreparable, pero contrario a la lógica y al derecho lo que hace con sus órdenes emitidas al Congreso y al Presidente es “ordenarles” que desconozcan la voluntad del Constituyente primario causando un daño irreparable a la democracia, ya metido el pie al Consejo de Estado le tocará meter la pata, y decir que efectivamente hubo fraude en el plebiscito, pues que si dentro de su estudio “jurídico” determina que no hubo fraude, el daño ya está hecho y abiertamente el gobierno se excusa diciendo que cumplía “ordenes” del “honorable” Consejo de Estado.

Además, el Consejo de Estado ordena implementar los acuerdos, desconociendo que el Acto Legislativo 001 de 2016 en su artículo 5 superdita la implementación de los acuerdos a la refrendación popular, si contra la lógica y el derecho; el máximo tribunal de lo contensioso administrativo anulara las elecciones, estas tendrían que repetirse nuevamente, pues no podría declarar ganador el SI. Hay muchas inconsistencias dentro de dichas medidas cautelares, puesto que al ordenar, el Consejo de Estado implementar estos "nuevos acuerdos" está declarando abiertamente que este es el mismo acuerdo que los Colombianos recharon en las urnas el 2 de Octubre y no otro nuevo como ha dicho el gobierno.

Extraña en gran manera que los Colombianos aun recordamos cuando el Nobel de Paz decía que si ganaba el NO se terminaría inmediatamente los diálogos de  paz y que habría una guerra urbana, esto claramente es un constreñimiento al elector, como tampoco se refirió a aquel vergonzoso episodio cuando dijo en Barranquilla que "en la vida política el amor se expresa de la novia hacía acá con votos y de aquí para allá con presupuesto e inversión" claramente comprometiendo los impuestos que todos los Colombianos pagamos, en la campaña política, o cuando dijo que si ganaba el NO tendría que hacer la reforma tributaría, cuando sin importar que ya está implementando los acuerdos la llevó a cabo; los señores del Consejo de Estado tampoco se refieren al nuevo método de contratación que hizo Santos para los gobernadores y alcaldes para destinar recursos a las regiones  que ya no se llamarían contratos plan sino contratos paz, en un claro chantaje a los entes territoriales, en cualquier país del mundo a excepción de los del eje socialista ésto sería un gran escándalo, pero en Colombia ante la pusilanimidad de los medios y las Cortes todo adquiere caracter de legalidad.


Y por último; un dato adicional es que la Magistrada Lucy Jeannette Bermudez quien es la ponente del caso y quien impuso las medidas cautelares es la esposa del Exmagistrado de la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ BERMUDEZ quien en agosto de 2015, la Estatal petrolera ECOPETROL le asignó un contrato de asesoria cuyo objeto fue:





"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORIA JURÍDICA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE IRREGULARIDADES ADVERTIDAS EN CIERTOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA PETROTIGER, MEDIANTE LA EMISIÓN DE CONCEPTOS, LA PREPACIÓN DE DOCUMENTOS, EL ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD EN DIFERENTES ESCENARIOS, ASÍ COMO LA EVENTUAL REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ECOPETROL S.A., EN CALIDAD VÍCTIMA, DENTRO DE LOS PROCESOS REFERIDOS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA GESTORÍA DEL CONTRATO"
  
Cuyo valor del contrato fue por CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000.oo)

Por eso sin temor y sin vacilaciones me atrevo a decir que el Consejo de Estado de Colombia está actuando como el tribunal superior de Justicia de Venezuela cuyos magistrados se prestan para anular todas las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela en una clara usurpación de poderes, y que, está llevando a Venezuela a una dictadura donde ya nada nos sorprende, Colombia de la mano de los altos tribunales ha emprendido ese camino.