Lo que aquí hizo el Consejo de Estado al imponer
medidas cautelares al resultado del plebiscito del 2 de octubre es de suma
gravedad, ya que este precedente le permite meter sus politiqueras manos en
cualquier elección a la posteridad y alterar las reglas de la democracia y los
resultados de las elecciones
Desde hace un tiempo, los
Colombianos vemos estupefactos la simetría entre el Consejo de Estado de
Colombia con el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela quien hoy es una
corte de bolsillo del gobierno chavista, y es que han sido muchos los episodios
que llevan a pensar que el Consejo de Estado de Colombia ya transgredió su
imparcialidad para arrodillarse a los intereses del gobierno del flagrante
nobel de paz que ha corrompido todos los poderes del Estado.
Comencemos por referirnos al
sonado caso de Piedad Córdoba Ruiz quién en los PC del terrorista Reyes aparecía
como alias Teodora, en donde en pocos meses emiten un fallo desconcertante para
los conocedores del derecho, pues en base a que la Corte Suprema de Justicia
declaró la ilegalidad de los PC de Reyes, lo cual es un desacierto toda vez que
la Corte Suprema de Justicia sostiene que se violó la cadena de custodia, pero
desconoce que no se estaba haciendo un allanamiento sino que era un operativo
de carácter militar, de igual manera la interpol certificó que los contenidos
no habían sido adulterados, por lo que a grito abierto se puede decir que
Piedad Córdoba si era alias teodora, solo que dicha prueba no podría usarse por
la forma del procedimiento al ser obtenida.
El Consejo de Estado anuló la
Sanción de la exsenadora pero nunca se refirió a las otras pruebas que la
Procuraduría allegó al proceso, por ejemplo que las salidas del país coincidían
con las reuniones clandestinas mencionadas en los PC, las interceptaciones que
telefónicas que inteligencia militar le hiciere a guerrilleros del Bloque
Libardo García de las farc y además del testimonio de un Ucraniano infiltrado
en el frente 30 de las farc, de nombre Viktor Tomnyuuk, quién dijo:
[...]
la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar
videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones
de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda
de sus objetivos [...] dio información a este grupo al margen de la ley sobre
temas diferentes a la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles
donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos [...] instruyó
y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con
el fin de favorecer a gobiernos de otros países [...] ejerció actos de
promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo. [...]
pero fue absuelta por el cargo de «traición a la patria».
La gravedad del asunto es que el
Consejo de Estado declarara la nulidad de todo el proceso hecho por la
Procuraduría sin siquiera referirse a las demás pruebas que dentro del proceso
obraba en contra de la senadora, quien según el PC de reyes era conocida como
alias Teodora.
Todo esto; haría parte de los
compromisos de la habana, en la que las farc han pedido quitarle la inhabilidad
a Piedad Córdoba.
Posteriormente, en otro fallo
sin precedentes el Consejo de Estado destituye al Procurador de la Nación
Alejandro Ordoñez quien para la fecha era la principal piedra en el zapato para
Santos en su proceso de “paz”. La tesis principal se basó en que la
Constitución no preveía una reelección del Jefe del Ministerio Publico, esta
tesis del Consejo de Estado es a toda luces un adefesio Jurídico que no solo
destruye el principio de vinculación negativa “Todo lo que no esté prohibido
está permitido” al cual la misma Corte Constitucional en su sentencia T-468 de
1992 se ha referido:
“...Esta lógica reguladora acusa falta de técnica legislativa
por cuanto, de algún modo es contraria al principio liberal según el cual
todo lo que no está prohibido, está
permitido. Principio no solo garantizador de la libertad al hacer primar la
facultad general sobre la facultad legislativa expresa, sino porque además,
obliga a una interpretación restrictiva en el accionar de los particulares en
el ejercicio de la libertad que genera en estos dos órdenes de complicaciones…”
Sin embargo para tratar camuflar la fetidez de
su sentencia; también adujeron que había conflicto de interés por unos
familiares de magistrados que lo eligieron aun cuando en sala plena se
discutieron los impedimentos, es donde la Consejo de Estado actúa como el
Tribunal Supremo de Justicia chavista invadiendo la autonomía de los demás
poderes del Estado.
No conforme con desviación del
derecho y sus fallos netamente políticos muy convenientes al gobierno de turno;
se atrevió a dictar unas medidas cautelares en contra de los resultados del
plebiscito del 02 de Octubre de 2016, en donde el gobierno pese a toda su maquinaria
política, 2.3 billones en publicidad y contratos paz, presiones a gobernadores
y alcaldes, entrega de viviendas a nombre de la “paz”, inauguración de obras en
plena campaña salió derrotado en las urnas, contra todo pronóstico.
Lo ilógico del tema en las que
se fundamenta las acusaciones del gobierno de unas declaraciones de un líder del
Centro Democrático Juan Carlos Velez:
"En emisoras de
estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la
reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en
subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos
acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a
convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios
del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en
víctimas"
Si
estudiamos en detalles cada una de las palabras del señor Velez realmente no admite haber
engañado a nadie, darle el mensaje que cada grupo poblacional le interesa no es
engañar, es como si el IDEAM le dijera a los Costeños que va a llover en Medellín,
qué les importa a los costeños que llueva en Medellín?. Lo lógico es que el
IDEAM le diga a los costeños que días va a llover en la Costa y a los Paisas
que días va a llover en Medellín. Eso saber usar el marketing y la publicidad,
pero engaño no se le puede llamar.
Lo que realmente debemos observar si efectivamente hubo engaño en cada una de las afirmaciones que hizo Juan Carlos Velez:
-hubo
impunidad?: Claro que si, muchos guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa
humanidad y los confiesen no pagarán un día de cárcel, pues el acuerdo prevé solo una
restricción “efectiva de la libertad”.
-Hubo
elegibilidad?: Basta con leer los acuerdos, es más y peor aún es que habrán
curules 10 directas cuando Santos había prometido que no las habrían.
-Hubo
reforma tributaria?: Pues los colombianos sabemos cómo va el tema de la
reforma, en donde no solo aumentará el IVA al 19% sino que también se gravarán
con retención en la fuente a más asalariados y se gravarán productos de la
canasta básica familiar.
Que
nos estamos convirtiendo en otra Venezuela?: Señores Consejo de Estado con esta
puñalada a la democracia ustedes mismos lo están confirmando, no es posible que
hasta la misma Corte Constitucional haya cambiado su línea Jurisprudencial de
la sentencia C-379 de 2016 para posteriormente salir con una leguleyada en
donde permiten que el poder representativo (que ya está corrompido y vendido
por la mermelada) sustituya al poder Constituyente primario es decir el pueblo,
aun cuando ya en su sentencia había dicho que en el plebiscito se estaba
manifestando el constituyente primario y por ende era obligatorio el mandato
para el presidente, o que los “nuevos”
acuerdos deberían ser el producto de una nueva y diferente negociación y lo que
ocurrió fue que en un mes le hicieron unos retoques cosméticos a los acuerdos
donde todos los temas rechazados por los Colombianos quedaron igual.
Lo
que aquí hizo el Consejo de Estado al imponer medidas cautelares al resultado
del plebiscito del 2 de octubre es de suma gravedad, ya que este precedente le
permite meter sus politiqueras manos en cualquier elección a la posteridad y
alterar las reglas de la democracia y los resultados de las elecciones. Y aquí
no termina su cinismo; se supone que una medida cautelar se impone con el
objetivo de guardar derechos fundamentales o prevenir un daño irreparable, pero
contrario a la lógica y al derecho lo que hace con sus órdenes emitidas al
Congreso y al Presidente es “ordenarles” que desconozcan la voluntad del
Constituyente primario causando un daño irreparable a la democracia, ya metido
el pie al Consejo de Estado le tocará meter la pata, y decir que efectivamente hubo fraude en el
plebiscito, pues que si dentro de su estudio “jurídico” determina que no hubo
fraude, el daño ya está hecho y abiertamente el gobierno se excusa diciendo que
cumplía “ordenes” del “honorable” Consejo de Estado.
Además, el Consejo de Estado ordena implementar los acuerdos, desconociendo que el Acto Legislativo 001 de 2016 en su artículo 5 superdita la implementación de los acuerdos a la refrendación popular, si contra la lógica y el derecho; el máximo tribunal de lo contensioso administrativo anulara las elecciones, estas tendrían que repetirse nuevamente, pues no podría declarar ganador el SI. Hay muchas inconsistencias dentro de dichas medidas cautelares, puesto que al ordenar, el Consejo de Estado implementar estos "nuevos acuerdos" está declarando abiertamente que este es el mismo acuerdo que los Colombianos recharon en las urnas el 2 de Octubre y no otro nuevo como ha dicho el gobierno.
Extraña en gran manera que los Colombianos aun recordamos cuando el Nobel de Paz decía que si ganaba el NO se terminaría inmediatamente los diálogos de paz y que habría una guerra urbana, esto claramente es un constreñimiento al elector, como tampoco se refirió a aquel vergonzoso episodio cuando dijo en Barranquilla que "en la vida política el amor se expresa de la novia hacía acá con votos y de aquí para allá con presupuesto e inversión" claramente comprometiendo los impuestos que todos los Colombianos pagamos, en la campaña política, o cuando dijo que si ganaba el NO tendría que hacer la reforma tributaría, cuando sin importar que ya está implementando los acuerdos la llevó a cabo; los señores del Consejo de Estado tampoco se refieren al nuevo método de contratación que hizo Santos para los gobernadores y alcaldes para destinar recursos a las regiones que ya no se llamarían contratos plan sino contratos paz, en un claro chantaje a los entes territoriales, en cualquier país del mundo a excepción de los del eje socialista ésto sería un gran escándalo, pero en Colombia ante la pusilanimidad de los medios y las Cortes todo adquiere caracter de legalidad.
Además, el Consejo de Estado ordena implementar los acuerdos, desconociendo que el Acto Legislativo 001 de 2016 en su artículo 5 superdita la implementación de los acuerdos a la refrendación popular, si contra la lógica y el derecho; el máximo tribunal de lo contensioso administrativo anulara las elecciones, estas tendrían que repetirse nuevamente, pues no podría declarar ganador el SI. Hay muchas inconsistencias dentro de dichas medidas cautelares, puesto que al ordenar, el Consejo de Estado implementar estos "nuevos acuerdos" está declarando abiertamente que este es el mismo acuerdo que los Colombianos recharon en las urnas el 2 de Octubre y no otro nuevo como ha dicho el gobierno.
Extraña en gran manera que los Colombianos aun recordamos cuando el Nobel de Paz decía que si ganaba el NO se terminaría inmediatamente los diálogos de paz y que habría una guerra urbana, esto claramente es un constreñimiento al elector, como tampoco se refirió a aquel vergonzoso episodio cuando dijo en Barranquilla que "en la vida política el amor se expresa de la novia hacía acá con votos y de aquí para allá con presupuesto e inversión" claramente comprometiendo los impuestos que todos los Colombianos pagamos, en la campaña política, o cuando dijo que si ganaba el NO tendría que hacer la reforma tributaría, cuando sin importar que ya está implementando los acuerdos la llevó a cabo; los señores del Consejo de Estado tampoco se refieren al nuevo método de contratación que hizo Santos para los gobernadores y alcaldes para destinar recursos a las regiones que ya no se llamarían contratos plan sino contratos paz, en un claro chantaje a los entes territoriales, en cualquier país del mundo a excepción de los del eje socialista ésto sería un gran escándalo, pero en Colombia ante la pusilanimidad de los medios y las Cortes todo adquiere caracter de legalidad.
Y por último; un dato adicional es que la Magistrada Lucy Jeannette Bermudez quien es la ponente del caso y quien impuso las medidas cautelares es la esposa del Exmagistrado de la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ BERMUDEZ quien en agosto de 2015, la Estatal petrolera ECOPETROL le asignó un contrato de asesoria cuyo objeto fue:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA ASESORIA JURÍDICA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS
PENALES DERIVADOS DE IRREGULARIDADES ADVERTIDAS EN CIERTOS CONTRATOS CELEBRADOS
CON LA EMPRESA PETROTIGER, MEDIANTE LA EMISIÓN DE CONCEPTOS, LA PREPACIÓN DE
DOCUMENTOS, EL ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD EN DIFERENTES
ESCENARIOS, ASÍ COMO LA EVENTUAL REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ECOPETROL S.A., EN
CALIDAD VÍCTIMA, DENTRO DE LOS PROCESOS REFERIDOS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
GESTORÍA DEL CONTRATO"
Cuyo valor del contrato fue por CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000.oo)
Por eso sin temor y sin vacilaciones me atrevo a decir que el Consejo de Estado de Colombia está actuando como el tribunal superior de Justicia de Venezuela cuyos magistrados se prestan para anular todas las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela en una clara usurpación de poderes, y que, está llevando a Venezuela a una dictadura donde ya nada nos sorprende, Colombia de la mano de los altos tribunales ha emprendido ese camino.
